Acreditación del profesorado universitario, por Francisco Sosa Wagner

(de El Mundo Digital)

Se ha puesto en circulación el borrador del decreto que regulará las «pruebas de acreditación» para la selección del profesorado universitario. Se le esperaba, o más bien se le temía, desde que fue anunciado en la Ley de Universidades recientemente aprobada (12 de abril).

Para abrir boca conviene saber que, por primera vez en la Historia de España, se suprimen las pruebas públicas para ingresar en los escalafones de catedráticos y profesores, con la excepción de la que se anuncia en los concursos internos de las universidades para las personas que ya se encuentren «acreditadas». ¿Quiénes son estos? ¿Qué significa esta nueva palabreja? Básicamente sustituye a la de «habilitados», es decir, aquellos docentes que habían superado unos exámenes ante comisiones de siete miembros, especialistas designados por sorteo entre los catedráticos o, en su caso, profesores titulares de cada materia.

Una de las pintorescas razones dadas para cambiar el sistema es su coste pues, al parecer, resulta gravoso al erario público organizar tales comisiones con su cortejo de dietas y viáticos. Este modo de razonar olvida que hay muchas cosas caras en la universidad: ejemplo, mantener cargos y más cargos a dedo. Es evidente que no se trata de un argumento serio porque seleccionar a un profesor ni es gratis ni debe acomodarse a las épocas estacionales de las rebajas comerciales.

La ley nos decía poco sobre el sistema de selección, punctum saliens de toda ordenación universitaria. Se remitía al reglamento que dictara el Gobierno y a la exigencia de una representación equilibrada de hombres y mujeres en las comisiones llamadas a «acreditar» a los aspirantes, pero nada sabíamos acerca de cómo se designaban sus miembros, si por sorteo, a dedo, en combinación con la lotería nacional … Eso sí: «los currículos de sus miembros se harán públicos tras su nombramiento». Garantía superflua pues hoy, tecleando un nombre en el ISBN o en Yahoo o Google, sabemos con aproximada exactitud el «quién es quién» de cada especialidad y bastante de la verdad o la mentira que hay en su trabajo. Se comprenderá que, conociendo el paño, tal vivero de indeterminaciones erizara los cabellos del más alopécico de los miembros de la comunidad universitaria. El borrador del decreto ha puesto precisión allí donde había vaguedad, convirtiendo en realidad los peores pronósticos. Las nuevas comisiones estarán compuestas también por siete miembros pero su designación será el fruto de una propuesta que hará la Agencia nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación al Consejo de Universidades, es decir a los rectores.

Adiós pues a los sorteos por los que clamábamos en el franquismo los jóvenes aspirantes, deseosos de acabar con las corruptelas debidas a la mediación de las autoridades ministeriales en la composición de los tribunales. La garantía de la suerte, que trataba de igualarnos a todos bajo el principio «a quien Dios se la dé, san Pedro se la bendiga», se consiguió ya en época democrática aunque pronto sufrió una tergiversación que sería funesta y la causa del peor periodo de endogamia de la historia reciente de la Universidad. Ahora es sin más sepultada.

Con ser esto malo, no es lo peor. Porque esto, lo peor, es que hasta ahora han sido especialistas los llamados a reclutar a quienes habían de acompañarles y, en su día, sucederles en el ejercicio de la docencia universitaria; los pediatras seleccionaban a sus jóvenes colegas, y lo mismo los físicos o los lingüistas o los químicos. Esta antigualla es desterrada creando unas cuantas ramas del conocimiento: Artes y Humanidades, Ciencias, Ciencias de la Salud, Ciencias sociales y jurídicas, Ingeniería y Arquitectura.

Para que el lector comprenda la originalidad recurramos a un ejemplo: la rama en la que yo habré de columpiarme en el futuro será la de «Ciencias sociales y jurídicas». En ella conviviremos los estudiosos de la Sociología, la Ciencia Política, la Estadística, la Economía aplicada, el Derecho Penal o el Tributario, etc. Por tanto, los siete miembros de la Comisión serán sociólogos, economistas, juristas… El joven doctor que pretenda «acreditarse» para enseñar derecho mercantil presentará su «currículum» a esta Comisión que lo valorará de acuerdo con un baremo que el propio borrador de decreto incluye.

Es evidente que el sociólogo presente en la Comisión o el experto en econometría nada sabe de Derecho Mercantil por lo que los expedientes irán a parar normalmente a quien en ella ostente la condición de jurista. Pero tal jurista puede no ser un mercantilista sino un reputado constitucionalista que ni de lejos sigue las publicaciones de Derecho Mercantil. Ayuno de tales conocimientos, el borrador le permite recurrir a dos expertos del ámbito científico correspondiente. Expertos de nuevo designados a dedo, en este caso -y para abreviar- por el citado jurista de la Comisión.

Cuando todo el material vuelve a la deliberación de los siete comisionados, serán ellos con sus calificaciones los competentes para «acreditar» o rechazar la acreditación solicitada.

Es decir que lo que hasta ahora ha sido función de siete especialistas de una disciplina universitaria, ahora será cometido de unas personas en general carentes de los conocimientos adecuados para juzgar la labor de un joven que aspire a ser acreditado como «profesor titular» o como «catedrático». Porque es preciso aclarar que en los trabajos académicos se hila fino y que cualquier tesis doctoral aborda asuntos de detalle que sólo pueden ser valorados por quienes dedican su vida y sus esfuerzos a una concreta asignatura. Volviendo al ejemplo del mercantilista, para saber si un libro sobre la reducción del capital en las sociedades anónimas es original, es preciso conocer cuál es el estado del tratamiento de la cuestión en la bibliografía existente, los problemas planteados, las soluciones propuestas etc. Es decir, se necesita ser un especialista en derecho mercantil.

Como además en el sistema diseñado no hay plazas limitadas, todo parece indicar que vuelven las «idoneidades» de la ley de 1985. Mi optimismo me lleva a pensar que quizás no caigamos en tal degradación, pero mi experiencia me hace temer las peores corruptelas y los más ominosos compadreos. Si los ha habido con la publicidad y el sorteo de los componentes de los tribunales, calcule el lector lo que se avecina…

La intervención de estas Comisiones son un sucedáneo de los tradicionales concursos públicos que acogen todos sus defectos y prescinden de todas sus virtudes.

Adviértase además que, a lo largo de este proceso, en ningún momento se le ha visto la cara al candidato ni tampoco se sabe cómo habla o cómo se comporta subido en una tarima. Nunca tampoco ha de acreditar ante especialistas si se sabe la asignatura que pretende explicar, más allá de los temas concretos que haya seleccionado para sus investigaciones.

Por fin, la adscripción a una plaza concreta en una Universidad depende de otra prueba interna, ahora local. Podrá ser seria o, lo que es más probable, un simulacro. Una alternativa que se deja a los estatutos de las universidades, normas poco fiables por su escaso rigor técnico y jurídico. Las posibilidades de que se nombre al acreditado en una universidad distinta a aquélla en la que ya presta sus servicios son prácticamente inexistentes. Tal candidato está destinado a ser nombrado en su propia Universidad. Y lo será, es decir, se le creará la plaza y se convocará la prueba con diligencia, etc, si tiene buena relación con la autoridad académica local, es decir, en la mayoría de los casos, cuando haya atinado a la hora de votar en las elecciones a rector.

Dicho esto, oigo la acusación contra mí: reaccionario, conservador y otras lindezas menos contenidas. Ante ellas debo proclamar que no sólo contribuí con mi voto a que la señora ministra se halle sentada donde está sino que -para las elecciones de 2004- firmé un manifiesto de apoyo al actual presidente del Gobierno. Además considero al socialismo como el sistema más eficaz para corregir las desigualdades sociales y territoriales, y entiendo humildemente que la socialdemocracia ha prestado brillantes servicios en la Europa del siglo XX. Por ello, es puro contrabando cobijar el contenido de estas ocurrencias ministeriales en esa digna maleta ideológica. Con todo, acepto que se descargue contra mí un cargador e incluso proporciono algún arma adicional a los tiradores, por ejemplo, la de que sucumbo a diario a las trampas que me tienden varios pecados capitales. Dispárese pues contra mis humildes huesos pero por favor borren el borrador.

Autor: Francisco Sosa Wagner (Catedrático de Derecho Administrativo)

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